El martes, el presidente Joe Biden anunció importantes restricciones para los migrantes que buscan asilo en la frontera con México, en un esfuerzo por abordar la inmigración como un tema crítico antes de las próximas elecciones de noviembre. Desde una perspectiva legal, estas nuevas medidas plantean varias cuestiones y desafíos que los migrantes y sus defensores deben considerar cuidadosamente.
Detalles de la Orden Ejecutiva
La orden ejecutiva firmada por el presidente Biden introduce una política que podría prohibir el asilo a los migrantes si se determina que la frontera sur está siendo “abrumada.” La implementación de esta política se activará cuando los encuentros en la frontera superen los 2,500 por día, una cifra que actualmente ya se alcanza. Las restricciones se mantendrán hasta que el promedio diario de encuentros caiga por debajo de 1,500 por día durante una semana.
Los migrantes que lleguen a la frontera sin expresar temor de regresar a sus países de origen serán expulsados de inmediato y podrían enfrentar una prohibición de cinco años para volver a entrar a Estados Unidos, además de posibles cargos penales. Aquellos que manifiesten temor o intención de buscar asilo serán evaluados bajo normas más estrictas. Si superan este proceso, podrán acceder a formas limitadas de protección humanitaria, como la Convención contra la Tortura de la ONU.
Aspectos Legales y Complicaciones
La autoridad legal utilizada por el presidente Biden se deriva de la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al presidente limitar la entrada de ciertos migrantes por razones de interés nacional. Sin embargo, la implementación de esta orden enfrenta desafíos significativos. La financiación insuficiente del Congreso y las limitaciones legales respecto a la detención de familias complican los esfuerzos del gobierno para deportar rápidamente a los migrantes.
Además, existen preocupaciones sobre la forma en que se aplicará esta orden a ciudadanos de países no cubiertos por el acuerdo existente con México, que acepta hasta 30,000 ciudadanos al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Comparación con Políticas Anteriores
Si bien la administración Biden insiste en que su orden difiere significativamente de las políticas de la administración Trump, ambos se basan en las mismas disposiciones legales. Sin embargo, la orden de Biden incluye exenciones humanitarias para víctimas de tráfico humano, menores no acompañados y personas con emergencias médicas graves, además de aquellos que utilizan la aplicación CBP One para hacer citas con funcionarios fronterizos.
Las nuevas restricciones representan un intento significativo de la administración Biden para controlar la inmigración y gestionar la frontera sur de manera más efectiva. No obstante, estas medidas también introducen desafíos y riesgos legales que tanto los migrantes como sus defensores deben estar preparados para enfrentar.
Como abogado de inmigración, insto a todos los individuos que se encuentren en Estados Unidos sin estatus legal a tomar medidas para regularizar su situación. Las leyes y políticas de inmigración son complejas y cambian constantemente. Obtener asesoría legal adecuada y oportuna puede ser crucial para proteger sus derechos y asegurar un futuro estable. Si necesita asistencia o tiene preguntas sobre su situación migratoria, no dude en contactarnos para una consulta. Legalizar su estatus es un paso importante para asegurar su tranquilidad y su bienestar en este país.
